Ambiente para los negocios

Uruguay es un país con fuerte respeto por las reglas de juego y los fundamentos esenciales de la actividad económica. Por eso, se ubica en los primeros lugares de América Latina en los principales rankings que relevan aspectos de estabilidad política y solidez democrática. En Uruguay no hay diferencias en el tratamiento al capital nacional y al capital extranjero y los incentivos a la promoción de la inversión están disponibles para ambos. Tampoco hay límites para la dotación de capital extranjero en las empresas.

El sistema tributario también es neutral con respecto a la inversión extranjera y no es necesario contar con registro ni autorización previa para realizar una inversión, con excepción de la autorización ambiental. Asimismo, la legislación actual contempla expresamente la existencia del secreto bancario y tributario que solo es posible de levantar a solicitud de un fisco de país extranjero con el que Uruguay tenga un acuerdo de intercambio de información firmado, y con previa autorización judicial. No existen limitaciones a la transferencia de ganancias o la repatriación de capitales, ni se requieren permisos previos de las autoridades. El mercado de cambios es libre, sin limitaciones para la compra o venta de moneda extranjera, y las inversiones pueden efectuarse en cualquier moneda.

No existe ningún tipo de limitación para la contratación de personal extranjero (con excepciones puntuales establecidas en la norma). A su vez, las políticas favorables hacia la inversión extranjera se traducen en estímulos a la inmigración de extranjeros, así como de ciudadanos uruguayos que hubieran residido en el exterior.

El país ostenta desde hace años una fuerte estabilidad política y social, respaldada en una democracia consolidada y fuerte seguridad jurídica. Esta institucionalidad consolidada, el profundo respeto por la democracia y la baja corrupción que ostenta el país, le han permitido ubicarse primero en el Índice de Democracia que elabora The Economist Intelligence Unit (2017) y en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional (2017) respecto a otros países de América Latina. También Uruguay es reconocido a nivel internacional por su fuerte tradición de respeto a la propiedad intelectual, ya que cuenta con una normativa acorde a los estándares de la Unión Europea.